Quiénes somos

Quiénes somos y qué queremos

Somos una plataforma ciudadana formada por individuos y por organizaciones vecinales, sociales y sindicales de Zaragoza  cuyo objetivo es la remunicipalización y gestión directa de los servicios públicos, en un ejercicio de eficacia, transparencia y democratización de los mismos,  creando empleo digno y garantizando los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras de las contratas municipales.

Defendemos los servicios públicos como un derecho universal de la ciudadanía y apostamos por una nueva gestión de lo común participativa, transparente y democrática que trascienda  el concepto de lo público como propiedad del estado y satisfaga las necesidades de las personas proporcionando bienestar y protección social en aras del interés común.
Porque la calidad, la redistribución y la eficacia de estos servicios están relacionadas directamente con la justicia social y construyen los espacios democráticos, aspiramos a recuperar las ciudades y municipios para la mayoría social mediante una gestión directa y participativa de los servicios públicos.
Además entendemos también que lo público debe ser garante de los derechos laborales y sociales de sus trabajadores, también de los pertenecientes a las contratas actuales.

Situación actual

Aunque el Ayuntamiento tiene la finalidad de gestionar y administrar la prestación de servicios encomendados al municipio, desde hace años esta función ESENCIAL viene externalizándose hacia empresas privadas, muchas grandes multinacionales que obtienen un negocio redondo que poco tiene de riesgo y ventura, ya que el beneficio está garantizado por un porcentaje del presupuesto y también porque los usuarios de estos servicios son  “clientes cautivos”
Los gobiernos municipales vienen aplicando recortes presupuestarios en sus diferentes áreas que han significado reducción de trabajadores y medios materiales para prestar dichos servicios y como consecuencia padecemos un progresivo deterioro y precariedad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Las empresas privadas que gestionan estos servicios, con la complicidad de los gobiernos, aprovechan estas políticas para aniquilar de un plumazo todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
La contratación pública se ha convertido en un auténtico refugio para las grandes fortunas y el capital en general.  La garantía de cobro (las administraciones públicas no pueden quebrar) y los altos intereses fijados por la Ley de Contratos hacen que dichos negocios no sean más que formas de salvaguardar  sus intereses económicos con independencia de su objeto social.
Estamos viendo cómo las empresas que gestionan los servicios públicos de Zaragoza (FCC, AUZSA, CLECE, ACCIONA…) están continuamente incumpliendo las condiciones pactadas, deteriorando y precarizando los servicios que tienen contratados.
En nuestra ciudad es noticia habitual las irregularidades que cometen estas grandes multinacionales facturando trabajos no realizados, incumpliendo el contrato sistemáticamente e incluso facturando a las arcas del ayuntamiento los despidos de trabajadores y trabajadoras de estas mismas empresas.

La gestión privada de los servicios públicos tiene diferentes características:

  • Nunca es más barata. Existen ejemplos contrastados por órganos de la propia Administración Pública que nos verifican el menor coste de la gestión directa, por ejemplo El Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2011 concluyó que el servicio de limpieza viaria es un 71% más barata mediante la gestión directa que a través de su privatización.
  • Los concejales se quitan de un plumazo la dirección de la prestación de los servicios para los que fueron elegidos, realizando así una “labor política” diferente a la gestión del cargo que ocupan. Son gestores del beneficio privado a través de su cargo político.
    A nadie le extraña ya la posibilidad de desviar fondos, financiación de partidos políticos y todo tipo de corrupción como sobornos, compra de voluntades, enchufes de amigos y familiares, regalos o viajes entre otras muchas irregularidades que son noticia en los últimos años.
  • Posibilidad de endeudamiento con las grandes empresas que pagaremos los vecinos en forma de deuda a un precio nada razonable e inflado que mantiene a la ciudad prisionera de las empresas.
  • Las concesiones municipales son un claro ejemplo de como las redes clientelares de partidos políticos en gobiernos locales generan sobrecostes que, en última instancia, acaban deviniendo en deuda municipal. Deuda que consideramos ilegítima.
    Evitar la responsabilidad jurídica personal en la prestación del servicio.  Ante todo tipo de negligencia la responsabilidad civil y penal recae sobre la contratista por incumplimiento de los términos del contrato.
  • Las empresas privadas que gestionan estos servicios, con la complicidad de los gobiernos, aprovechan estas políticas para aniquilar de un plumazo todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.En los últimos años hemos vivido una escalada de conflictos en las contratas municipales consecuencia de despidos, ERES, rebajas salariales, impagos…Todo ello mientras estas grandes multinacionales siguen manteniendo su porcentaje de beneficios que pagamos entre todos los vecinos y vecinas.

Esta realidad descrita de corrupción, ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de deterioro continuado de los servicios prestados nos llevan a buscar alternativas de “gestión directa “para acabar con esta situación insostenible que solo beneficia a los grandes magnates del estado español y perjudica a la gran mayoría social.
Estamos viviendo en Europa un proceso de reversión de estos servicios a manos públicas en el ciclo integral del agua como en París y Berlín y en diferentes ciudades del estado español también se están produciendo procesos de remunicipalización de diferentes servicios (Ciudad Real, Medina Sidonia, León, Arenys de Munt, Vidreres, Cabrils, Rivas, Paterna…) que están poniendo de relieve que lo público es más barato, presta mejor servicio y garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Alternativa

La remunicipalización y recuperación de los servicios públicos significa:

  • Un ahorro cercano al 30% del presupuesto del ayuntamiento, la desgravación del IVA, del beneficio industrial y de los sobrecostes que se producen en las empresas privadas.
    Los beneficios, que ahora van a manos privadas, serían reinvertidos en aumentar los puestos de trabajo y dar un servicio de mayor calidad.  (El ayuntamiento de Zaragoza gasta casi 290 millones de euros anuales en servicios externalizados a empresas privadas. El proceso de recuperación de estos servicios a manos públicas significaría un ahorro anual cercano a los 90 millones de euros. Este ahorro supondría aumentar el empleo y mejorar del servicio.
  • Se simplificaría el manejo del servicio con un único operador y no con dos, o incluso más, como ocurre en la actualidad.
  • Mejorar la eficacia, la transparencia y democratización de estos servicios aplicando mecanismos de participación ciudadana y de trabajadores.
  • El modelo de gestión pública se fundamenta en aplicar criterios de sostenibilidad, racionalizando las tareas, optimizando los recursos y priorizando la actualización medioambiental, lo que no ocurre con la gestión privada que se mueve exclusivamente por criterios de rentabilidad.
  • La gestión pública garantiza los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras

Propuestas

Como conclusión de todo lo expuesto proponemos:

  • Iniciar un proceso de remunicipalización e integración de los servicios municipales garantizando los puestos de trabajo de las personas que ahora vienen prestando estos servicios.
  • Realizar una auditoría detallada de los últimos 5 años a las contratas municipales, así como el impago de aquellas deudas que sean consideradas ilegítimas.
  • Fiscalización  y control exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones actuales.
    Crear y Regular mecanismos de participación ciudadana y de trabajadores en la gestión de estos servicios.
  • Fomentar la economía social y responsable en lo público.
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